Nuestro compromiso consiste en cumplir las obligaciones legales con el máximo nivel de diligencia, integrándolas al mismo tiempo en procedimientos claros, comprensibles y prácticos para nuestros clientes. Un proceso de KYC y AML bien estructurado no solo garantiza el cumplimiento normativo: también genera confianza, protege a todas las partes implicadas y sienta las bases de una colaboración fluida con bancos, notarios, autoridades y socios comerciales.

Un inicio claro y estructurado de cada relación profesional

Toda relación profesional comienza, para nosotros, con una comprensión precisa de la persona o empresa a la que vamos a representar. Recabamos los datos esenciales, identificamos a los titulares reales y obtenemos una visión sólida del contexto jurídico y económico del asunto de que se trate.

Para ello trabajamos con los formularios de la Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales (GwG) de la Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), que nos permiten calificar el mandato con la debida seguridad jurídica, documentar adecuadamente las estructuras de propiedad y control, y realizar una evaluación del riesgo conforme a la normativa aplicable. Este enfoque estructurado aporta claridad desde el inicio y contribuye a evitar requerimientos posteriores innecesarios durante la tramitación del mandato.

Mandato ordinario o actividad sujeta a especial control

Un elemento central de nuestro análisis consiste en distinguir entre los mandatos ordinarios y aquellas operaciones comprendidas en las categorías especialmente relevantes a efectos de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Mientras que en los asuntos ordinarios resultan aplicables las obligaciones generales de diligencia debida, determinadas operaciones exigen, por su perfil de riesgo, verificaciones adicionales y medidas reforzadas.

Concedemos especial importancia a explicar esta clasificación de forma transparente y comprensible. Nuestros clientes deben conocer por qué su asunto se integra en una determinada categoría, qué consecuencias jurídicas se derivan de ello y qué documentación o actuaciones pueden resultar necesarias. Para nosotros, la transparencia no es un elemento accesorio, sino parte integrante de un asesoramiento cualificado y basado en la confianza.

Identificación segura, eficiente y orientada al cliente

Cuando la ley exige un procedimiento formal de identificación, lo llevamos a cabo con eficiencia, seguridad jurídica y una clara orientación práctica. Si el contacto tiene lugar personalmente en nuestro despacho, la identificación se realiza directamente mediante la comprobación de un documento original de identidad en vigor.

En el caso de clientes con residencia en Alemania, la verificación de identidad se efectúa habitualmente a través del procedimiento PostIdent. Para clientes internacionales, ponemos a disposición el sistema VideoIdent. Ambos métodos ofrecen un estándar fiable y consolidado, y permiten completar la identificación de forma segura sin generar obstáculos innecesarios.

Aunque estos pasos puedan parecer eminentemente técnicos, responden a una finalidad muy concreta: garantizar con certeza con quién estamos trabajando e identificar de manera inequívoca a las personas que se encuentran detrás de una estructura societaria o de una operación determinada.

Gestión segura de operaciones y movimientos patrimoniales

Cuando, en el marco de un mandato, deban gestionarse activos —por ejemplo, en una operación de adquisición inmobiliaria—, podemos habilitar, cuando proceda, una cuenta de depósito individual de cliente (Einzelanderkonto). Este mecanismo permite custodiar y administrar fondos de manera segura, separada y plenamente trazable.

Para ello precisamos los datos completos de identificación de los titulares reales, así como toda aquella información legalmente exigible, incluida la información fiscal cuando resulte necesaria en el caso concreto. Nuestra experiencia demuestra que cuanto antes queden definidos estos extremos, más ágil y ordenada será la tramitación posterior, tanto con nuestro despacho como con bancos, notarios y autoridades.

El origen de los fondos como elemento esencial de control

Otro de los pilares de nuestros procesos de KYC y AML es la verificación del origen de los fondos empleados. Ya se trate de una inversión, de una transacción concreta o de un mandato de asesoramiento continuado, debemos poder comprender de forma razonable y documentada cuál es la procedencia de los recursos utilizados.

Por este motivo, solicitamos habitualmente a nuestros clientes una explicación breve, coherente y verificable y, cuando sea necesario, documentación complementaria. Esta transparencia no solo responde a una exigencia legal: en la práctica, también contribuye de manera decisiva a evitar consultas posteriores y a garantizar una ejecución sólida, estable y jurídicamente segura del proyecto.

KYC y AML como proceso continuo

Las obligaciones de diligencia no concluyen con la aceptación del mandato. Las circunstancias personales pueden variar, las estructuras societarias evolucionan y los titulares reales pueden cambiar con el tiempo. Por ello, concebimos el KYC y el AML no como una formalidad puntual, sino como un proceso continuo.

Mantenemos actualizada la información relevante, reaccionamos ante cambios sustanciales y adaptamos nuestra evaluación del riesgo siempre que resulta necesario. Esta atención constante forma parte de nuestra responsabilidad profesional y contribuye a la protección sostenida de nuestros clientes y de sus intereses.

Tecnología al servicio del rigor jurídico

Naturalmente, utilizamos herramientas tecnológicas que nos permiten recopilar información con mayor eficiencia, mantener una documentación ordenada y estructurar los procesos con fiabilidad. No obstante, la valoración jurídica del mandato, la apreciación de los factores de riesgo y el análisis del origen de los fondos son realizados en todo momento por profesionales del Derecho con experiencia.

Porque, en última instancia, el KYC y el AML siguen siendo una cuestión de responsabilidad profesional, precisión jurídica y rigor en el ejercicio de la abogacía.

Nuestra forma de entender una gestión excelente del mandato

Queremos que nuestros clientes se sientan acompañados con seguridad en cada fase del procedimiento: mediante procesos claros, explicaciones comprensibles y una forma de actuar que cumpla plenamente con las exigencias legales sin generar complejidad innecesaria.

Para nuestro despacho, la diligencia, la transparencia y la fiabilidad no son meras formalidades, sino una expresión de nuestro propio concepto de la abogacía. Así entendemos y aplicamos el KYC y el AML en nuestra firma.

Ribas & Partner mbB

Adrián Pineda Peña
Jurista

Der Beitrag KYC y AML en nuestro despacho: Seguridad jurídica, transparencia y un procedimiento proporcionado erschien zuerst auf Kanzlei Ribas Brutschy Abogados.

La naturaleza jurídica de la legítima en el Derecho español

En el Derecho civil común español, la legítima se concibe tradicionalmente como una porción de los bienes hereditarios reservada a los herederos forzosos (pars bonorum). Esta concepción implica que el legitimario participa en el patrimonio hereditario, lo que puede tener consecuencias registrales cuando los bienes se inscriben a favor de los herederos.

En estos casos, el artículo 15 de la Ley Hipotecaria regula la inscripción de los bienes hereditarios teniendo en cuenta la existencia de legitimarios. No obstante, el artículo 83 del Reglamento Hipotecario aclara que dicha mención no es necesaria cuando los legitimarios han recibido ya su legítima, han renunciado a ella o consta su satisfacción.

La legítima como derecho de crédito

En otros sistemas jurídicos, la legítima no se configura como una participación en los bienes, sino como un derecho de crédito frente al heredero (pars valoris bonorum). En este modelo, el legitimario no forma parte de la comunidad hereditaria ni adquiere derechos reales sobre bienes concretos.

Esta configuración existe, por ejemplo, en el Derecho alemán (Pflichtteil) y también en algunos derechos civiles forales españoles, como el catalán o el gallego.

Consecuencias registrales

Debe afirmarse, por tanto, que la función del Registro de la Propiedad no es proteger preventivamente expectativas económicas abstractas, sino dar publicidad a situaciones jurídico-reales. Si la ley sucesoria aplicable configura la legítima como un derecho de crédito, el eventual ejercicio de la acción legitimaria no afecta ni a la validez ni a la plenitud del dominio inscrito, sino que se traduce en una obligación personal del heredero.

El sistema hipotecario español no puede alterar la naturaleza jurídica del derecho legitimario ni reconducirlo al esquema de la pars bonorum cuando el ordenamiento aplicable no lo prevé.

Conclusión

La constancia registral de la legítima depende necesariamente de su configuración sustantiva. Cuando la legítima es pars bonorum, su constancia registral, mediante nota marginal, solo procede cuando se asignan bienes concretos para el pago de legítimas o se afectan en garantía de las mismas, y siempre que los legitimarios no hayan percibido, renunciado o se hayan declarado satisfechos de su legítima antes de la inscripción. Cuando, por el contrario, la legítima se configura como pars valoris bonorum, no existe afección real ni limitación del dominio inscribible.

La interpretación sistemática del artículo 15 LH, en conexión con el artículo 83 RH y con los principios hipotecarios de especialidad y tipicidad, conduce a la conclusión de que el Registro de la Propiedad no debe publicar derechos personales ni créditos legitimarios, sino limitarse a reflejar la titularidad real efectivamente transmitida, de conformidad con la ley sucesoria aplicable y con la naturaleza jurídica del derecho de que se trate.

Ribas & Partner mbB

Ana Isabel Méndez
Jurista

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El Tribunal Constitucional concluye que este sistema no vulnera el principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución Española, con fundamento, en particular, en las siguientes consideraciones:

• grava una manifestación real de capacidad económica;

• responde a una justificación objetiva y razonable, vinculada a la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la lucha contra el fraude fiscal;

• no configura un sistema cerrado, al permitir al contribuyente impugnar el valor de referencia asignado y acreditar un valor distinto.

En consecuencia, el “valor de referencia” queda ratificado como constitucional, a la espera de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, prevista para las próximas semanas.

Esta decisión pone fin a la vía de la cuestión de inconstitucionalidad respecto del sistema considerado en abstracto, permaneciendo abierta únicamente la posibilidad de impugnaciones en vía económico-administrativa y contencioso-administrativa en relación con su aplicación concreta en cada caso.

Ribas & Partner mbB

Kelly Molina
Abogada / spanische Rechtsanwältin

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El supuesto se refiere a un ciudadano holandés que residió de forma continuada en Zaragoza desde 1954 hasta su fallecimiento en 2013. Durante más de sesenta años desarrolló en Aragón toda su vida personal y patrimonial: contrajo matrimonio bajo el régimen económico aragonés, tuvo descendencia y constituyó posteriormente una pareja estable conforme al Derecho civil aragonés.

Tras su fallecimiento se discutió si su sucesión debía regirse por el Derecho civil común o por el Derecho civil aragonés. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Zaragoza optaron por la normativa aragonesa, criterio que fue confirmado por el Tribunal Supremo.

Uno de los puntos clave de la sentencia es la afirmación de que todos los Derechos civiles españoles son igualmente españoles, ya se trate del Código civil o de los Derechos forales o especiales de las Comunidades Autónomas. Por ello, cuando una norma de conflicto remite al Derecho español, dicha remisión no implica automáticamente la aplicación del Código civil, sino del Derecho civil territorialmente aplicable.

Al tratarse de un fallecimiento anterior al Reglamento (UE) 650/2012, el Tribunal Supremo aplica el artículo 9.8 del Código civil, que remite a la ley nacional del causante. Sin embargo, la ley holandesa, a través del Convenio de La Haya de 1989, remitía a la ley de la residencia habitual.

El Tribunal Supremo acepta este reenvío de retorno al Derecho español, destacando la ausencia total de vínculos del causante con los Países Bajos y su arraigo pleno en Zaragoza.

Una vez determinada la aplicación del Derecho español, el Tribunal Supremo concluye que debe aplicarse el Derecho civil aragonés, al ser Aragón el lugar de residencia habitual del causante. Rechaza expresamente la tesis de que los extranjeros, por carecer de vecindad civil, solo puedan quedar sometidos al Código civil común.

Esta sentencia supone un hito en el Derecho sucesorio español: los extranjeros pueden quedar sometidos a un Derecho civil autonómico cuando así lo establezca la norma de conflicto, siendo la residencia habitual un criterio determinante. Una doctrina que aporta seguridad jurídica y coherencia en un contexto cada vez más internacional.

Ribas & Partner mbB

Juan Amengual
Abogado / spanischer Rechtsanwalt

Der Beitrag Ley aplicable a la sucesión de un extranjero en España: REGIMEN FORAL erschien zuerst auf Kanzlei Ribas Brutschy Abogados.

En cambio, los residentes de la UE / EEE ya gozaban de este derecho en virtud del artículo 24.6 TRLIRNR. La sentencia elimina esta discriminación y permite, a partir de ahora, que los no residentes extracomunitarios deduzcan dichos gastos casi en igualdad de condiciones.

El fundamento jurídico de la decisión se encuentra en la vulneración del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE, relativo a la libre circulación de capitales, que también protege a inversores de terceros países. Ello abre la puerta a la rectificación de autoliquidaciones anteriores y a la solicitud de devoluciones por ingresos indebidos.

Aunque la doctrina aún debe consolidarse en el Tribunal Supremo, la resolución marca un precedente relevante en la equiparación de derechos fiscales entre residentes comunitarios y extracomunitarios en España.

Ribas & Partner mbB

Juan Amengual
Abogado / spanischer Rechtsanwalt

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• Fiscalidad inmobiliaria al alza: el nuevo entorno normativo

Las comunidades autónomas han incrementado notablemente los tipos aplicables al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). En regiones como Baleares, el tipo máximo en ITP alcanza ya el 13 %.
Además, la introducción del Valor de Referencia del Catastro como base imponible mínima en compraventas y herencias ha limitado la capacidad del contribuyente para declarar por debajo de ese umbral, salvo impugnación formal.

• IRPF, IRNR y ganancias patrimoniales: más diferencias y menos beneficios

El tratamiento de las ganancias derivadas de la venta de inmuebles también ha cambiado:

• Eliminación de coeficientes de actualización y abatimiento: desde 2015 y hasta 2023, los beneficios fiscales para inmuebles antiguos desaparecieron.
• Nueva escala de gravamen del IRPF: a partir de 2025, las ganancias superiores a 300.000 € tributarán hasta el 30 %.
• Ventaja para no residentes: el IRNR mantiene un tipo fijo del 19 %. Esto genera una diferencia significativa en operaciones de envergadura.
Asimismo, Hacienda está revisando el tratamiento de la amortización acumulada, lo que afecta al cálculo de la ganancia patrimonial real tras la venta.

• Estrategias legales para reducir la carga tributaria

A continuación, analizamos algunas herramientas que pueden ayudar a “meter goles legales” a Hacienda, siempre dentro del marco normativo vigente.

1. Exención por venta de vivienda habitual

Si el inmueble vendido es la vivienda habitual y se cumplen ciertos requisitos, la ganancia puede estar exenta de tributación:

• Por reinversión del importe en otra vivienda habitual en un plazo de 2 años.
• Por edad del transmitente (mayores de 65 años), sin necesidad de reinversión.

2. Reinversión total o parcial en nueva vivienda

Cuando no se reinvierte la totalidad del precio de venta, la exención opera de forma proporcional. También puede aplicarse a compras en el extranjero o a amortización de hipoteca, si se cumplen los requisitos.

3. Impugnación del valor de referencia catastral

Aunque el valor de referencia es legalmente vinculante, puede impugnarse si no refleja la realidad del mercado. Es recomendable aportar tasaciones periciales, datos técnicos y pruebas documentales.

4. ¿Qué se considera reparación y qué mejora en un inmueble?

Para reducir la ganancia patrimonial en este ámbito, es fundamental justificar adecuadamente los costes de mejoras y obras realizadas. Además, según si se desea deducir estos gastos como reparación o como mejora, es crucial que dicha intención quede reflejada en las facturas. A continuación, detallamos cómo suele calificar Hacienda este tipo de actuaciones:

Reparaciones (gastos de conservación y mantenimiento):

Son trabajos destinados a mantener el estado original del inmueble, sin añadir valor significativo ni ampliar su vida útil.

Ejemplos:
• Sustitución de tuberías, grifería, ventanas o suelos desgastados
• Pintura, eliminación de gotelé
• Reformas de baño o cocina sin redistribución ni modernización sustancial
• Limpieza, retirada de escombros
Fiscalmente:
• Si el inmueble está alquilado, pueden deducirse como gasto anual, con límites (si exceden los ingresos, se prorratean hasta 4-5 años).
• NO aumentan el valor de adquisición del inmueble si lo vendes. hacienda puede decir que no son computables para reducir la ganancia patrimonial.

Mejoras (inversiones que aumentan valor o vida útil):

Obras que modernizan, mejoran o aumentan la capacidad productiva o el valor del inmueble.

Ejemplos:
• Instalación de calefacción o suelo radiante
• Ascensor, puertas de seguridad
• Sistema de riego o descalcificación

Fiscalmente:

• NO se deducen como gasto en inmuebles alquilados, pero…
• Sí aumentan el valor de adquisición, y por tanto reducen la ganancia patrimonial al vender.

5. Valoración adecuada en herencias

• En herencias con bonificaciones (familiares directos), conviene declarar el valor real para elevar el valor de adquisición de cara a futuras ventas.
• En herencias con alta carga fiscal (parientes lejanos o sin bonificaciones), puede ser más útil declarar el mínimo legal posible para reducir el Impuesto sobre Sucesiones.

6. Cambio de residencia fiscal

En determinadas situaciones, puede ser útil cambiar la residencia fiscal antes de vender un inmueble, con el objetivo de tributar como no residente. Esta estrategia requiere:
• Acreditar la residencia fiscal en otro país mediante certificado.
• Cumplir con el criterio de permanencia (más de 183 días fuera de España).

7. Venta con mobiliario incluido

Incluir mobiliario valorado de forma separada en el contrato de compraventa puede reducir la base imponible:
• No tributa como ganancia si el vendedor es no residente.
• El comprador tributa a un tipo reducido (4 % o 0 % según comunidad) si se justifica adecuadamente.
Debe ir acompañado de un inventario detallado y facturas para evitar impugnaciones.

Conclusión: planificación, documentación y asesoramiento

La fiscalidad inmobiliaria y sucesoria exige hoy más que nunca un enfoque técnico y estratégico. Los profesionales del derecho debemos anticiparnos a los riesgos y oportunidades que ofrece el marco legal, y acompañar al cliente en la toma de decisiones informadas, desde la redacción de contratos hasta la posible impugnación administrativa.

Una correcta planificación puede marcar la diferencia entre pagar lo justo o asumir cargas fiscales innecesarias.

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El 1 de julio de 2.025 entra en vigor la nueva rebaja fiscal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), pendiente de la correspondiente publicación en el Boletín Oficial Regional y regulado en el Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.

A través de esta iniciativa se elevará del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad y será aplicable a todo el Grupo III de parentesco, es decir, colaterales de segundo grado, hermanos, y tercer grado, sobrinos y tíos y ascendientes y descendientes por afinidad.

Asimismo, también se aumenta al 100% la bonificación para las donaciones esporádicas entre particulares por un valor inferior 1.000 euros, quedando suprimida la obligación de presentar autoliquidación por debajo de esa cantidad. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de escritura pública ante notario para donaciones no superiores 10.000 euros.

No se trata tan solo de una mera rebaja fiscal para los obligados a los pagos de impuestos, sino también una simplificacion en los trámites administrativos que otorga a los ciudadanos una menor sensación de desconocimiento y descontrol. Esta medida permite que la liquidez que está en forma de ahorros se traslade entre generaciones, pudiendo poner ese dinero en circulación sin tener que pagar el peaje fiscal.

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Sin embargo, la resolución confirma que, según el artículo 92 del Reglamento Hipotecario -norma especial-, basta con declarar que la adquisición se hace conforme al régimen matrimonial legal del país de origen. No es necesario detallar su contenido en el momento de la inscripción, sino solo en caso de una futura venta o disposición del bien.

Conforme a esta interpretación, se sigue exigiendo al Notario autorizante que averigüe cual es la ley extranjera a la que está sujeta el matrimonio y, por tanto, determinante del régimen matrimonial. No obstante, no se requiere del fedatario público el conocimiento del contenido de esta ley, ni cuál es el concreto régimen matrimonial que rige el matrimonio. Basta entonces con expresar que el matrimonio está sujeto al régimen matrimonial legal de un determinado país.

Este criterio refuerza la seguridad jurídica, simplifica y agiliza la inscripción de propiedades en España cuando los compradores están sujetos a leyes extranjeras, facilitando las transacciones internacionales y dotando de mayor celeridad el tráfico jurídico inmobiliario.

Esta problemática no solo se debe tener en cuenta con anterioridad a la compraventa o adquisición del inmueble, sino también para las situaciones en las que, por error u omisión, no se ha inscrito correctamente la transmisión de la propiedad. Un ejemplo típico es el supuesto en el que un miembro de un matrimonio, casado bajo el régimen alemán de separación de bienes con participación en las ganancias, adquiere un bien inmueble y el Registrador inscribe la titularidad del mismo a nombre de ambos cónyuges.

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Son dos las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo en las que se declara válida la prohibición por parte de las comunidades de propietarios de la actividad de alquileres turísticos mediante acuerdos adoptados en junta por mayoría de tres quintos. La última Sentencia, de la primera semana de octubre de 2024.

La controversia nacía de si debía entenderse, en base al art. 17.12 LPH y art. 5.e) LAU, que la prohibición de las actividades turísticas descritas en el citado precepto, había de adoptarse por mayoría de tres quintos o por unanimidad de los propietarios. Varias Audiencias Provinciales se habían pronunciado en sentido contrario: una rama de la jurisprudencia interpretaba que dicho precepto permitía la introducción de “condiciones o limitaciones” en el ejercicio del alquiler vacacional, pero que no permitía la prohibición; y otra, sin embargo, consideraba que sí podía prohibirse dicha actividad.

Los motivos que da la Sala para crear esta línea jurisprudencial son los siguientes:

i) el Tribunal entiende que la expresión “limite o condicione” del art. 17.12 LPH no excluye la prohibición;

ii) en el preámbulo del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, se manifiesta la necesidad de la adopción de las medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda y al alquiler por el incremento de las rentas debido, entre otros motivos, al exponencial número de viviendas ofertadas en alquiler turístico y;

iii) de requerirse la unanimidad para prohibir este tipo de actividades, siempre se tendría el voto a favor del propietario interesado en ejercer este tipo de actividad para impedir el acuerdo, lo cual carece de sentido.

Menciona también el Tribunal Supremo que la prohibición de uso de los elementos privativos en régimen de la propiedad horizontal es legítima, conforme a la Constitución y no altera el pilar fundamental del derecho a la propiedad.

Es importante resaltar que estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos, como indica el propio art. 17.12 LPH. Es decir, que la prohibición de ejercer la actividad turística no afectará a los propietarios que vinieran realizando la actividad de forma legal con anterioridad a la aprobación del acuerdo en junta de la comunidad de propietarios. No obstante, ¿la no retroactividad de los acuerdos de prohibición afecta a todos los propietarios que tengan licencia o también a aquellos que carecen de la misma, pero estaban ejerciendo la actividad turística con anterioridad a esta decisión? Esta cuestión todavía no ha sido zanjada y existen opiniones dispares de los propios Magistrados de los distintos Tribunales.

Ribas & Partner mbB

Juan Amengual
Abogado / spanischer Rechtsanwalt

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La transformación de una empresa unipersonal en una sociedad en participación con responsabilidad profesional limitada (mbB), así como el consiguiente cambio de denominación, son reflejo de nuestro dinámico crecimiento y de nuestra progresiva evolución.

Continuaremos brindándole también en el futuro el asesoramiento y la representación de calidad en el ámbito jurídico que nos caracterizan, garantizando además a las empresas y en los mandatos con amplio alcance económico una mayor minimización de riesgos gracias a unas sumas de cobertura más elevadas en caso de responsabilidad.

Como “Ribas & Partner mbB“ seguimos siendo su interlocutor de confianza para las cuestiones relativas al Derecho alemán, español y europeo. Nuestro experimentado equipo de expertos en materia jurídica continúa poniendo a su disposición sus amplios conocimientos especializados en las diferentes áreas del Derecho. Estaremos encantados de seguir asesorándole jurídicamente y prestándole nuestro apoyo también en el futuro bajo nuestra nueva denominación “Ribas & Partner mbB“.

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